Han transcurrido ya unos meses desde que el Gobierno anunció su propósito de llevar a cabo una nueva reforma educativa basándose en el compromiso adquirido con algunos partidos políticos y agentes sociales para derogar la anterior LOMCE.
El texto anteproyecto de ley orgánica pasó fugazmente por la mesa sectorial, en sesión única, en la que solo dio tiempo a efectuar algunas valoraciones de carácter general para inmediatamente someterlo al dictamen técnico del Consejo Escolar del Estado, tanto en la comisión permanente como en el pleno. Por tanto, podemos afirmar que el diálogo y la negociación, hasta ahora, con los representantes del profesorado y el resto de la comunidad educativa, han sido prácticamente inexistentes, más allá del cumplimiento formal de pasar el anteproyecto por estos órganos. Precisamente, el Consejo Escolar del Estado que recibió de más de 500 enmiendas ha intentado corregir y modificar los planteamientos de esta reforma. Sucede que el Consejo Escolar es un órgano técnico, consultivo y no vinculante y en modo alguno puede desvirtuarse su papel para convertirlo en un órgano de dialogo y reivindicación. Eso está reservado a la mesa sectorial y a otros ámbitos de negociación. Ahora solo resta conocer cuál es el resultado definitivo del texto cuando se publique ya como proyecto de ley.
Todo se está desarrollando con inusitada celeridad y sabemos que las prisas no son buenas consejeras y menos cuando se trata de elaborar una reforma educativa. Todo ello se traduce en la redacción de una propuesta que, siguiendo la misma técnica legislativa de la LOMCE, se inserta sobre la Ley que se pretende derogar y sobre la redacción de la anterior LOE, lo que dificultará enormemente la comprensión y su propia aplicación.
Si este ha sido el rumbo seguido, hasta hora, en lo referente a los aspectos y trámites formales, en cuanto a su contenido nos hemos posicionado en la Mesa sectorial como en el propio Consejo Escolar y en los foros en los que nos ha sido posible, advirtiendo que la nueva propuesta de reforma educativa es sólo una contrarreforma de la LOMCE que no viene precedido de un acuerdo básico o un pacto de estado que hubiera servido para sentar las base de lo que debe ser la reforma profunda y global que necesita la educación en España. El anteproyecto nos ofrece una visión muy parcial y sesgada sobre los verdaderos retos y desafíos a los que se tiene que enfrentar el sistema educativo. Solo se abordan determinados aspectos de la ordenación académica sin modificar la estructura y el modelo de nuestro sistema educativo, en definitiva, es una vuelta a la anterior LOE con algunas modificaciones.
Sin perjuicio que el nuevo texto incluya algunos avances en su articulado, para corregir algunas disfunciones evidentes en la LOMCE, relacionadas con medidas académicas, diseño curricular, la estructura de los ciclos y el funcionamiento de los centros, en otros aspectos se manifiesta un retroceso como, por ejemplo, la ausencia de evaluaciones censales (nunca reválidas) apostando por evaluaciones muestrales al final de los ciclos. También se ha perdido una oportunidad importante de haber incluido un Bachillerato de tres años para todo el alumnado y seguiremos con un Bachillerato de sólo dos cursos, aunque se abre la posibilidad de que los que tengan dificultades puedan causar tres años.
ANPE mantiene su absoluto desacuerdo con que se obtenga un título como es el del Bachillerato, con alguna asignatura suspensa, ni siquiera en los supuestos excepcionales que incluye la norma. El mensaje que se transmite al profesorado y al alumnado es muy desmotivador, ahondando en la idea de la devaluación del mérito y del esfuerzo en unas enseñanzas que son postobligatorias.
Tampoco se aborda el problema de la desvertebración educativa que nos hubiera permitido la definición de los contenidos básicos y comunes, la regulación y el derecho del castellano haciéndolo compatible con las demás lenguas vernáculas, todo lo contrario deja al albur de las CCAA su regulación horaria, en definitiva, se pierde la ocasión de regular un marco competencial básico en el que estén perfectamente definidas las atribuciones del Estado y las de las CCAA, para que no se resienta el principio de igualdad y de cohesión social en todo el territorio nacional. Tampoco se contempla una ley de financiación que acompañe al texto para evitar desigualdades en su aplicación en los distintos territorios.
Y finalmente, la ley no aborda la situación del profesorado y su futuro profesional con todo lo que ello conlleva, el diseño de la profesión docente y un estatuto del profesorado.
Desde ANPE nos reiteramos en la necesidad de que cualquier reforma educativa, cualquiera que sea su contenido y alcance, debe venir precedida de un acuerdo básico o pacto de mínimos, que dada la configuración del estado tiene que ser política social y territorial.
