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Real Decreto 800/2022, de 4 de octubre, por el que se regula la integración del profesorado del Cuerpo, a extinguir, de Profesores Técnicos de Formación Profesional en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, y se modifican diversos reales decretos relativos al profesorado de enseñanzas no universitarias.
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación y Formación Profesional, ha aprobado este martes el Real Decreto que regula la integración del profesorado técnico de Formación Profesional en el cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria. El Gobierno atiende así a una demanda histórica que servirá para mejorar las condiciones laborales de los docentes beneficiados al pasar el subgrupo funcionarial A2, al A1.
El texto aprobado hoy completa el proceso iniciado con la Ley de Educacion (Ley Orgánica 3/2020) que declara la extinción del cuerpo de profesores técnicos de Formación Profesional para integrarlo en el de secundaria, siempre que se esté en posesión de una titulación de grado universitario o equivalente a efectos de docencia.
A partir de ahora, serán las administraciones autonómicas competentes las encargadas de abrir una convocatoria pública para que estos profesores puedan solicitar su integración al cuerpo de secundaria. Esta tendrá efectos en sus condiciones laborales con carácter retroactivo desde el 19 de enero de 2021, fecha de la entrada en vigor de la Ley de Educación. Para el personal funcionario que cumpla las condiciones establecidas con posterioridad, se retrotraerán al momento en que se dieran esos requisitos.
El Real Decreto también incluye la posibilidad de solicitar la integración tras el cierre de esta convocatoria. La demanda del reconocimiento de este derecho se podrá realizar hasta el 19 de enero de 2026, dejando así un plazo de tiempo para que aquellos docentes que carecen a día de hoy de la titulación necesaria, puedan conseguirla.
Durante su elaboración han sido consultadas las comunidades autónomas, a través de la Conferencia Sectorial de Educación, y los interlocutores sociales. Además, han emitido sendos informes el Ministerio de Política Territorial y el Ministerio de Hacienda y Función Pública, así como la Comisión Superior de Personal. El texto ha sido dictaminado por el Consejo Escolar del Estado y por el Consejo de Estado.
