Fuente IBERLEY
El BOE de 3 de octubre de 2026 publica la Ley 4/2026, de 1 de octubre, que reforma el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Su finalidad es adaptar ambas normas al artículo 49 de la Constitución y reforzar la inclusión, la autonomía personal y la accesibilidad universal.
Entrada en vigor
La ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE.
Principales novedades en materia de discapacidad
Autonomía, vida independiente e inclusión. La reforma reconoce el derecho de las personas con discapacidad a decidir cómo, dónde y con quién vivir, con los apoyos necesarios y respetando su voluntad, deseos y preferencias.
Accesibilidad universal. La accesibilidad se configura como un derecho y se crea un Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal para financiar actuaciones en entornos y servicios públicos.
Equiparación con los grados de dependencia. A efectos de la Ley General de Discapacidad, el grado I de dependencia se asimila a un 33 % de discapacidad y los grados II y III a un 65 %, salvo en el ámbito tributario y sin impedir que la persona solicite una valoración específica.
Protección reforzada. Se incorporan garantías específicas para mujeres, niñas y niños con discapacidad, así como medidas frente a la discriminación, el capacitismo, la violencia y los sesgos de los sistemas de inteligencia artificial.
Un nuevo modelo de atención a la dependencia
La reforma orienta el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia hacia un modelo de cuidados personalizado, comunitario y centrado en los derechos. Las prestaciones deberán atender a la voluntad y preferencias de cada persona y favorecer su permanencia e inclusión en la comunidad.
Nuevos servicios y prestaciones. El catálogo incorpora los cuidados y apoyos en viviendas, la asistencia personal como servicio y la provisión temporal de productos de apoyo. También se amplían la ayuda a domicilio y las funciones de los centros de día.
Teleasistencia. Se reconoce como un derecho para todas las personas en situación de dependencia, con independencia del resto de prestaciones o servicios incluidos en su Programa Individual de Atención.
Atención libre de sujeciones. Los servicios deberán implantar planes de sujeciones cero y reducir al máximo las restricciones. Su utilización solo se contempla excepcionalmente ante una urgencia vital y con garantías reforzadas.
Procedimiento y elección. Se fija un plazo máximo de tres meses para resolver el reconocimiento de la situación de dependencia y se refuerza la participación de la persona en la elaboración de su Programa Individual de Atención.
Otras medidas destacadas
La norma amplía las obligaciones de accesibilidad en edificios sometidos a propiedad horizontal, prohíbe la discriminación por discapacidad en la contratación de seguros y refuerza los ajustes razonables en el empleo. También reconoce derechos de formación, información y conciliación a las personas cuidadoras no profesionales.
Además, cabe destacar, que además de modificar el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, también se modifican, entre otras, la Ley de Propiedad Horizonal, la Ley del Contrato de Seguro, la LISOS, la LIRPF, el ET, la LGSS. ..
Impacto práctico
La Ley 4/2026, de 1 de octubre, desplaza el modelo asistencial hacia un sistema basado en los derechos humanos, la vida independiente y los cuidados de proximidad. Su aplicación requerirá desarrollos reglamentarios y la adaptación de la normativa y los servicios de las administraciones competentes.
